El gobierno de la presidenta peruana Dina Boluarte ha tomado la decisión de desactivar un equipo élite de la policía que venía colaborando estrechamente con fiscales en la investigación de casos de alta relevancia política. La medida, anunciada por el ministro del Interior Walter Ortiz, ha generado un fuerte debate en el país, especialmente debido a las circunstancias que rodean esta drástica acción.
El equipo policial en cuestión, creado hace casi dos años, ha sido fundamental en investigaciones relacionadas con casos de corrupción vinculados tanto al entorno de la mandataria como al expresidente Pedro Castillo. Sin embargo, la resolución firmada por el ministro Ortiz alega que este grupo ha duplicado funciones y que su creación se llevó a cabo de manera ilegal.
Uno de los aspectos más controvertidos de esta desactivación ha sido la suspensión del jefe del grupo, el coronel Harvey Colchado. Su destitución se produjo a raíz de la difusión de una foto en la que se mostraba un pastel de cumpleaños con la imagen de un policía usando un ariete para forzar la entrada de una casa durante un allanamiento. Esta acción fue considerada inapropiada y generó polémica en la opinión pública. La desactivación de este equipo policial de élite ha suscitado preguntas sobre el impacto que tendrá en las investigaciones en curso y en la lucha contra la corrupción en el país.
Mientras algunos respaldan la decisión del gobierno peruano argumentando que se busca garantizar la legalidad y transparencia en las labores policiales, otros expresan preocupación por posibles consecuencias negativas en la persecución de delitos de alto perfil.
En este contexto de incertidumbre y debate, la sociedad peruana sigue atenta a los próximos pasos que se tomarán en torno a esta polémica situación, que refleja la complejidad y sensibilidad de las relaciones entre las instituciones del Estado y la lucha contra la corrupción en el país.
