Internacional
Supremo Tribunal Federal de Brasil impone tobillera electrónica y restricciones a Jair Bolsonaro
El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil ordenó medidas cautelares contra el expresidente Jair Bolsonaro, investigado por su presunta participación en un intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022. Las disposiciones, dictadas por el juez Alexandre de Moraes, incluyen el uso obligatorio de una tobillera electrónica, la prohibición de usar redes sociales, el arresto domiciliario nocturno y durante los fines de semana, y la restricción de contactar a embajadores, diplomáticos u otros investigados en el caso, incluido su hijo Eduardo Bolsonaro. La Policía Federal ejecutó allanamientos en la residencia de Bolsonaro en Brasilia y en la sede de su partido, decomisando USD 14.000, que el expresidente afirmó haber declarado o que serán declarados.
Bolsonaro calificó las medidas como una “máxima humillación” y negó las acusaciones de golpe de Estado, asegurando que “nunca pensó en abandonar el país”. En declaraciones a Reuters, describió al juez Moraes como un “dictador” y las órdenes judiciales como actos de “cobardía”, insistiendo en que se trata de una persecución política. La investigación, que podría derivar en una condena de hasta 43 años, señala que Bolsonaro y más de 30 personas planearon acciones para anular la victoria electoral de Luiz Inácio Lula da Silva, incluyendo un supuesto complot para asesinar a Lula, al juez Moraes y al vicepresidente electo en 2022.
En respuesta, el gobierno de Estados Unidos, liderado por Donald Trump, revocó los visados del juez Alexandre de Moraes y otros magistrados del STF, junto con sus familiares, según anunció el secretario de Estado Marco Rubio. Rubio justificó la medida alegando que Moraes encabeza una “cacería política” contra Bolsonaro, violando derechos de brasileños y afectando a ciudadanos estadounidenses. La decisión, basada en la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, escaló las tensiones diplomáticas entre Brasil y EE.UU., especialmente tras la imposición de aranceles del 50% a importaciones brasileñas, que Lula calificó como “chantaje inaceptable”.
Eduardo Bolsonaro, desde Washington, abogó por una amnistía legislativa como única salida para su padre, mientras que el presidente Lula defendió la independencia judicial de Brasil y prometió reciprocidad ante las sanciones estadounidenses. El caso, que incluye la incautación del pasaporte de Bolsonaro en 2024 y un allanamiento tras su estancia en la embajada húngara, ha intensificado el debate sobre la libertad de expresión y la soberanía nacional, con críticas de medios locales como Estado de São Paulo, que consideran las acciones de Trump una “interferencia inaceptable” en los asuntos internos de Brasil.
