Política
Procuraduría da luz verde para la continuidad de Diana Salazar en el cargo de Fiscal General
La Fiscal General del Estado, Diana Salazar, enfrenta un momento decisivo en su carrera mientras su período de seis años concluye este martes 8 de abril sin un sucesor designado. Ante la crisis que atraviesa el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), encargado de seleccionar al nuevo fiscal mediante concurso público, la Fiscalía consultó a la Procuraduría General del Estado sobre la posibilidad de que Salazar continúe en el cargo. La respuesta, emitida el 25 de febrero en el oficio PGE-25-02-2025-00847, fue afirmativa: Salazar puede prorrogarse en funciones hasta que el CPCCS designe a su reemplazo, conforme al artículo 47 del Código Orgánico de la Función Judicial.
Sin embargo, Salazar anunció que este 8 de abril tomará una decisión definitiva sobre su futuro, influenciada no solo por aspectos legales, sino también por factores personales. Entre ellos destaca su reciente maternidad —dio a luz a su hija Julia Victoria el 27 de diciembre de 2024 en Argentina— y las constantes amenazas de muerte que enfrenta debido a su lucha contra el crimen organizado y la corrupción. Estas amenazas, que han incluido seguimientos por parte de familiares de narcotraficantes como el caso reportado en febrero por The Economist, la obligan a vivir con un equipo de seguridad permanente compuesto por soldados armados. “Aún no sé cuáles son los planes; lo importante será no dejar a la institución acéfala”, señaló Salazar a Expreso vía WhatsApp, dejando abierta la posibilidad de renunciar o aceptar la prórroga.
La crisis en el CPCCS, agravada por el caso Ligados —que investiga presunta corrupción en la designación de autoridades y mantiene a tres consejeros bajo escrutinio penal—, ha paralizado el concurso para elegir al nuevo fiscal. El proceso, que debía concluir antes del 8 de abril, está en la fase de conformación de la veeduría ciudadana, sin un calendario definido. Expertos como David Rosero, exconsejero del CPCCS, estiman que el retraso podría extenderse hasta junio, lo que refuerza la necesidad de una prórroga. La Procuraduría, en su dictamen, subrayó que la continuidad de Salazar es viable para evitar un vacío institucional, un precedente aplicado en casos como el Consejo Nacional Electoral en noviembre de 2024.
El anuncio de Salazar este martes será clave para la Fiscalía, una institución que bajo su liderazgo ha enfrentado casos emblemáticos como Metástasis y Purga, destapando nexos entre narcotráfico y altas esferas del poder. Mientras el país espera su decisión, la incertidumbre en el CPCCS y las presiones personales sobre la fiscal —apoyada por un 58 % de la ciudadanía según Cedatos en febrero— marcan un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en Ecuador.
