Política
Fiscalía solicita vincular a Andrés Arauz, Raúl González y Esther Cuesta por presunta asociación ilícita en el caso Ligados
La fiscal general del Estado, Diana Salazar, presentó un escrito ante la Corte Nacional de Justicia solicitando que se fije fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos contra Andrés Arauz, Raúl González Carrión y Esther Cuesta, por su presunta participación en el delito de asociación ilícita en el marco del caso Ligados. La investigación, que inicialmente involucró a exvocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), apunta a una red de influencias políticas para beneficiar a ciertos actores, según la Fiscalía.
Salazar informó que, durante la instrucción fiscal, surgieron indicios que implican a Arauz, secretario del movimiento Revolución Ciudadana (RC), González, exsuperintendente de Bancos, y Cuesta, exlegisladora correísta y expresidenta encargada de la Asamblea en enero de 2025. Entre las evidencias presentadas están chats y audios extraídos del celular de Augusto Verduga, exvocal del CPCCS, que revelan conversaciones entre Arauz, Verduga y Yadira Saltos sobre estrategias para retrasar una resolución del Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Esta resolución derivó en la destitución de Verduga y Saltos por una infracción electoral, según la Fiscalía.
El caso Ligados, derivado de una denuncia del superintendente de Bancos, Roberto Romero von Buchwald, investiga una presunta red de asociación ilícita para manipular designaciones en el CPCCS y la Superintendencia de Bancos. La Fiscalía señala que Cuesta habría retrasado la posesión de Romero para favorecer a González, cuya designación en 2022 fue anulada judicialmente. Arauz, según los chats, coordinaba con Verduga y la expresidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, para asegurar votos y estrategias políticas, incluyendo un ofrecimiento a la consejera Nicole Bonifaz para garantizar su apoyo.
La jueza Daniella Camacho, asignada por sorteo, determinará la fecha de la audiencia de vinculación, que podría realizarse en los próximos días. Actualmente, Verduga, Eduardo Franco y Yadira Saltos son procesados en el caso, mientras Bonifaz permanece en el CPCCS. La Fiscalía, que cuenta con 90 días adicionales para la instrucción fiscal tras autorización judicial en abril de 2025, basa su investigación en registros digitales y testimonios que también mencionan al expresidente Rafael Correa, aunque no está formalmente vinculado.
El delito de asociación ilícita, tipificado en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), prevé penas de 3 a 5 años de prisión. La audiencia será clave para determinar si los señalados son formalmente vinculados al proceso, en un contexto de creciente tensión política y violencia en el país.
