Política
Contraloría detecta irregularidades en patrimonios de 59 jueces y fiscales en Ecuador
La Contraloría General del Estado reveló que 59 de 110 exámenes especiales a las declaraciones patrimoniales de jueces, fiscales y servidores judiciales, realizados desde noviembre de 2023, presentan indicios de responsabilidad penal debido a inconsistencias injustificadas en activos, propiedades y deudas.
Las provincias con mayor número de casos son Guayas, Pichincha y Manabí, donde se concentra la actividad judicial. Estos informes han sido remitidos a la Fiscalía General del Estado para su investigación, según anunció el contralor Mauricio Torres durante una comparecencia ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional.
Por primera vez, la Contraloría empleó inteligencia artificial para detectar movimientos sospechosos en cuentas bancarias, propiedades y deudas, lo que permitió identificar diferencias significativas entre los ingresos declarados y los activos acumulados.
“El 54% de los informes aprobados muestra irregularidades que no se justifican”, afirmó Torres, destacando que los casos podrían derivar en responsabilidad penal por enriquecimiento ilícito o lavado de activos.
Aunque la normativa impide divulgar nombres, los hallazgos apuntan a jueces y fiscales que habrían otorgado medidas sustitutivas a prisión preventiva en casos de delitos graves, según reportes de prensa.
La investigación se enmarca en los casos Metástasis, Purga y Plaga, que han expuesto la infiltración del crimen organizado en el sistema judicial. En Guayas, 28 de los 59 casos con irregularidades están bajo escrutinio, seguido de Pichincha con 18 y Manabí con 7, según fuentes de la Contraloría.
Además, 52 auditorías adicionales están en curso, 19 de ellas enfocadas en fiscales. El Consejo de la Judicatura ha destituido a 34 jueces y 12 fiscales relacionados con estos casos desde 2024, y 614 expedientes disciplinarios están abiertos.
El ministro del Interior, John Reimberg, anunció que los nombres de los funcionarios con irregularidades serán divulgados, generando debate sobre la transparencia judicial.