Política
Corte Nacional de Justicia propone reforma al COIP para regular plazos de prisión preventiva
La Corte Nacional de Justicia (CNJ) compareció ante la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional para defender la reforma al artículo 541, numeral 3, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que busca regular los plazos de caducidad de la prisión preventiva, atendiendo a una sentencia de la Corte Constitucional de diciembre de 2024. La iniciativa, presentada el 1 de mayo de 2025, establece que la privación de libertad no debe exceder un “plazo razonable” para evitar que se convierta en una pena anticipada, especialmente en delitos graves y en el contexto del conflicto armado interno declarado en Ecuador.
El presidente de la CNJ, José Suing, explicó que la reforma responde a parámetros técnicos y al concepto de “plazo razonable” definido en el párrafo 97 de la sentencia constitucional. “Buscamos garantizar que la prisión preventiva no se prolongue de manera injustificada, respetando los derechos de los procesados”, afirmó Suing.
Por su parte, la presidenta de la Sala Penal, Daniela Camacho, detalló que el plazo razonable se determinará considerando factores como el tipo de delito, la pena asociada, la prescripción, la gravedad del caso, la conducta de los involucrados, la actuación judicial y la carga procesal.
Marco Rodríguez, representante de los jueces de la CNJ, señaló que no fue posible establecer un plazo fijo para cada tipo penal debido a la complejidad de los casos, por lo que se optó por incluir criterios flexibles. José Gabriel Terán, director de Asesoría Jurídica, presentó el texto propuesto, que busca equilibrar la protección de derechos con la eficacia judicial.
Los legisladores Keevin Gallardo, Eliana Correa y Marco Olmedo plantearon inquietudes sobre la aplicación de la reforma en delitos graves y en el marco del conflicto armado, mientras la presidenta de la Comisión de Justicia, Rosa Torres, pidió mayor claridad sobre los delitos a los que se aplicará el plazo razonable.
La reforma surge en un contexto de alta presión sobre el sistema judicial, con casos como Metástasis y Purga que evidencian la infiltración del crimen organizado. La ciudadanía y analistas, según reportes en medios, esperan que la medida garantice justicia sin debilitar la lucha contra la delincuencia, en un país donde se registraron 1,300 homicidios en los primeros 50 días de 2025.