Política
Daniel Noboa Firma el Decreto Ejecutivo Nº 54 para Reglamentar la Ley de Solidaridad Nacional en Ecuador
El presidente Daniel Noboa oficializó el Reglamento General a la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional mediante el Decreto Ejecutivo Nº 54, firmado la noche del 15 de julio de 2025. Este reglamento, publicado en el Registro Oficial, detalla la implementación de la ley aprobada el 7 de junio con 84 votos en la Asamblea Nacional, con el objetivo de combatir el conflicto armado interno declarado en enero de 2024 y desarticular las economías criminales que alimentan la violencia en Ecuador.
El documento establece procedimientos clave, como el reconocimiento oficial del conflicto armado interno mediante un decreto presidencial basado en informes de las fuerzas del orden, la identificación de grupos armados organizados (GAO) y la integración del Bloque de Seguridad, compuesto por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. También regula donaciones a estas instituciones, permitiendo a empresas y ciudadanos deducir hasta el 30% del Impuesto a la Renta por donar bienes como equipamiento o suministros nuevos, según un catálogo emitido por las autoridades.
Además, el reglamento crea un Comité de Certificación de Acciones Solidarias para validar estas contribuciones y define medidas operativas, como allanamientos, incautaciones y prisión preventiva obligatoria para delitos relacionados con el crimen organizado, incluyendo narcotráfico, secuestro y lavado de activos. Se contemplan indultos diferenciados para agentes de la fuerza pública por razones humanitarias o interés público, siempre respetando el Derecho Internacional Humanitario.
La Ley de Solidaridad Nacional, vigente desde el 10 de junio de 2025, también incorpora incentivos para la reactivación económica en zonas afectadas, como Guayaquil y Esmeraldas, y programas de protección para víctimas de violencia, con énfasis en mujeres, niños y comunidades vulnerables. Con un índice de 53 homicidios por cada 100,000 habitantes proyectado para 2025, el reglamento refuerza la estrategia del gobierno para enfrentar la crisis de seguridad, que ha generado pérdidas de USD 250 millones por robo de combustibles entre 2023 y 2025.
