Judicatura Destituye a Funcionarios por Faltas Graves

El Consejo de la Judicatura (CJ) de Ecuador destituyó a dos servidores judiciales el 2 de septiembre de 2025, como parte de su política de transparencia y lucha contra la ineficiencia en la Función Judicial. La decisión, tomada en una sesión del Pleno, responde a faltas graves cometidas por una secretaria de la Fiscalía y un técnico de la Dirección Provincial de Pichincha, quienes incumplieron sus deberes, afectando el correcto desarrollo de los procesos judiciales. Además, un juez de Quito recibió una amonestación escrita por demoras injustificadas.

La secretaria I.O.P.M., asignada a la Fiscalía de Patrimonio Ciudadano No. 5 de Quito, fue removida por no notificar un impulso fiscal a un abogado en una investigación por estafa, lo que comprometió el debido proceso. Por su parte, el técnico D.Z.D., de la Dirección Provincial de Pichincha, fue destituido tras ausentarse de su puesto entre el 11 y el 31 de diciembre de 2024 sin justificación. Estas sanciones reflejan el compromiso del CJ con la supervisión rigurosa y la erradicación de malas prácticas en el sistema judicial.

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Además de las destituciones, el juez M.J.E.C., de la Unidad Judicial Penal de Quito, recibió una amonestación escrita por tardar 10 meses en emitir una sentencia escrita en una acción de protección, cuando la norma establece un plazo de 48 horas. Esta medida busca garantizar la agilidad en los procesos judiciales y mejorar la calidad del servicio a la ciudadanía. El CJ reiteró que la supervisión constante de los servidores judiciales es clave para fortalecer la confianza en el sistema de justicia.

El Consejo de la Judicatura mantiene una política de cero tolerancia a la corrupción y ha implementado un sistema de control para identificar irregularidades. Las autoridades invitan a la ciudadanía a denunciar cualquier anomalía, reafirmando su compromiso con la transparencia y la eficiencia.

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Estas acciones se suman a sanciones previas, como la destitución de un fiscal y sanciones a jueces en agosto de 2025, evidenciando un esfuerzo continuo por optimizar la administración de justicia en Ecuador.