Política
Juez Llama a Juicio a 17 Militares por Desaparición Forzada de Cuatro Adolescentes en Las Malvinas
El juez Dennis Ugalde, de la Unidad Judicial Sur Valdivia, llamó a juicio a 17 militares por su presunta participación en la desaparición forzada de cuatro adolescentes: Ismael y Josué Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina. El incidente ocurrió el 8 de diciembre de 2024 en el sector Las Malvinas de Guayaquil, donde los menores fueron detenidos por una patrulla militar en la avenida 25 de Julio, y su paradero permanece desconocido desde entonces.
El fiscal Christian Farez, al término de dos días de audiencia, solicitó el auto de llamamiento a juicio, imputando a 16 militares como autores directos y a un coronel como cómplice en el delito de desaparición forzada. La resolución judicial se fundamenta en las pruebas aportadas, que indican una detención ilegal durante un operativo militar en una zona bajo estado de excepción, sin registro posterior de los detenidos.
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Durante la audiencia, los abogados defensores de los militares sostuvieron que no se configuró una desaparición forzada, alegando que los adolescentes fueron liberados en Taura y que uno de ellos contactó a un familiar. Además, argumentaron que los uniformados actuaron bajo órdenes superiores, limitando su discrecionalidad. No obstante, el juez Ugalde determinó que las evidencias de la Fiscalía eran suficientes para proceder al juicio penal.
Fernando Bastias, abogado del Comité Permanente por los Derechos Humanos (CIDH), resaltó que, a diez meses de los hechos, esta decisión representa un avance hacia la justicia en un caso que ha generado indignación nacional. El expediente ahora pasa a un Tribunal Penal para evaluar la responsabilidad de los implicados y las penas, tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
El caso Las Malvinas ha expuesto tensiones en los operativos militares en Guayaquil, ciudad bajo estado de excepción en diciembre de 2024 para enfrentar la inseguridad. Familiares y organizaciones de derechos humanos demandan transparencia y medidas preventivas, mientras vigilias continúan en apoyo a las familias. Organismos internacionales monitorean el proceso, dado el carácter grave del delito bajo tratados de derechos humanos.
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