La presidenta del Observatorio de Control Ciudadano, Mónica Jaramillo, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía contra los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Augusto Verduga y Yadira Saltos, por presunta obstrucción a la justicia en lo que se conoce como el caso «Liga Azul».
Jaramillo argumenta que ambos vocales han utilizado maniobras legales, como recusaciones y quejas contra los jueces, para retrasar intencionalmente la resolución del caso en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), afectando así la transparencia y la agilidad del proceso judicial.
El caso «Liga Azul» se centra en las actividades de Augusto Verduga, Yadira Saltos, Eduardo Franco Loor y Vielka Párraga, quienes fueron candidatos al CPCCS en 2023. La denuncia sostiene que estos individuos recibieron apoyo ilegal de la Revolución Ciudadana y del expresidente Rafael Correa durante su campaña electoral, lo cual está prohibido por la ley ecuatoriana que impide a las organizaciones políticas promocionar candidatos al CPCCS.
Aunque el juez del TCE emitió un fallo inicial a favor de los denunciantes, ordenando la destitución y la pérdida de derechos políticos de los mencionados vocales, la sentencia aún requiere ser ratificada en segunda instancia. Sin embargo, este proceso ha sido notablemente demorado debido a las acciones legales interpuestas por los denunciados, lo que ha extendido la incertidumbre sobre su estatus y el de las elecciones al CPCCS.
Esta denuncia por obstrucción a la justicia pone de relieve las tensiones y las complejidades del sistema político y judicial ecuatoriano en la supervisión de la participación y el control ciudadano, así como en la lucha contra la influencia indebida de las organizaciones políticas en procesos electorales que deben ser independientes.
