El procurador síndico municipal, Cristián Castelblanco, lideró el equipo jurídico del Municipio de Guayaquil en la audiencia por la acción de protección interpuesta contra esta institución por parte de un grupo de vendedores informales que pretenden asentarse en las veredas de la zona de la Bahía.
Tras más de tres horas de audiencia, la diligencia judicial se suspendió y se reinstalará el próximo sábado, a las 9:00, en el complejo judicial del Albán Borja. “Se resolvió la falta de competencia del juez que dictó la medida cautelar y dio continuación con el juez que debía estar puesto que estaba con licencia”, indicó.
Así asumió el caso el juez Francisco Dávila en reemplazo de José Geovanny Suárez. Castelblanco aclaró que no hay ninguna vulneración al derecho al trabajo puesto que la Municipalidad ha dispuesto más de 21 sitios con más de 1.100 puestos disponibles para vendedores informales que quieran regularizarse.
“Los jueces han escuchado de manera muy atenta los argumentos de la Municipalidad y no han resuelto la acción”, indicó. El jurista mostró su seguridad que este sábado se deseche la acción de protección porque “son 30 años de esfuerzo de las administraciones municipales para ordenar la ciudad de Guayaquil y seguiremos luchando para que el caos no se apodere de la ciudad nuevamente porque así lo ha dispuesto nuestra alcaldesa”.
Uno de los argumentos jurídicos que exhibió el Municipio fue el artículo 329 de la Constitución que si bien reconoce el trabajo autónomo y por cuenta propia en espacios públicos, este debe realizarse en espacios permitidos por la ley y otras resoluciones. Además, la Carta Magna otorga competencias exclusivas a los municipios el control y regulación del espacio público.
Apoyo de comerciantes formales de la Bahía
En los exteriores del complejo judicial del Albán Borja se dieron cita los comerciantes formales de la Bahía que están en contra de las medidas cautelares que podrían generar un conflicto en la zona donde trabajan.
Ángel Bazurto, presidente de la Federación de Comerciantes Minoristas de la Bahía, dijo que “estamos en contra de las medidas cautelares, tenemos más de 30 años para tener un asentamiento legal, es un derecho que nos hemos ganado”. “Si esto llega a ratificarse se volvería un caos la Bahía”, añadió.
Ángel Macías, comerciante de la Bahía, indicó que “todos hemos luchado por ser organizados, fuimos reubicados y no estamos de acuerdo con la invasión, pagamos impuestos y que venga otra persona que no paga nada, nosotros quedamos arrimados adentro de nuestros locales, no es justo”.
Los comerciantes formales de la Bahía destacaron que, desde agosto pasado, cuando la alcaldesa Cynthia Viteri dispuso un operativo permanente de recuperación del espacio público en la Bahía, la seguridad y las ventas en la zona mejoraron. Además, señalan que el comercio informal representa competencia desleal puesto que ellos pagan tributos, tasas y servicios básicos.
