El juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Juan Patricio Maldonado, resolvió la noche del 17 de octubre reducir la suspensión de derechos políticos de Eduardo Franco Loor y Augusto Verduga, exconsejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) e integrantes de la denominada ‘Liga Azul’, de cuatro a un año. La decisión, emitida en un auto de modulación de sentencia, aplica el principio de favorabilidad tras reformas al Código de la Democracia que limitan la sanción máxima a un año, y notifica al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Ministerio de Trabajo para su ejecución.
La sentencia original, ejecutoriada en 2023, había impuesto cuatro años de suspensión por irregularidades en el desempeño de sus funciones en el CPCCS, junto con una multa de 70 salarios básicos unificados por cada uno. Maldonado, juez suplente del TCE, argumentó que la reforma legal permite ajustar la penalidad retroactivamente. Sin embargo, la resolución ha generado críticas por presuntamente violar el principio de cosa juzgada, ya que las sentencias del TCE son de cumplimiento inmediato y no modificables según el artículo 222 de la Constitución.
Contexto del Caso Liga2 y Acusaciones Pendientes
Esta modulación ocurre en paralelo a la investigación penal del caso Liga2, donde la Fiscalía acusa a Verduga, Franco Loor, Yadira Saltos y la actual consejera Nicole Bonifaz de asociación ilícita. Según la teoría fiscal, el CPCCS se convirtió en un centro para planificar estrategias delictivas con el fin de controlar instituciones estatales, como la Superintendencia de Bancos y el Consejo de la Judicatura, beneficiando al movimiento Revolución Ciudadana. La instrucción fiscal, abierta desde el 15 de marzo, incluye más de 21.000 fojas y peritajes de chats extraídos de celulares incautados, con medidas cautelares como presentación periódica y prohibición de salida del país para los procesados.
Verduga, prófugo desde enero y con prisión preventiva ordenada en mayo, enfrenta notificación roja de Interpol tras refugiarse en México alegando persecución política. La Fiscalía, liderada por Wilson Toainga, ha convocado a 14 testigos, incluyendo asambleístas de ADN, para corroborar las evidencias. El caso Liga2 se enmarca en una serie de investigaciones sobre corrupción en el CPCCS, destacando la fragilidad institucional y el uso indebido de la participación ciudadana para fines partidistas.
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