Según lo informó la Ficalía el José Carlos Tuárez conocido como el (Cura Tuárez) fue llamado a juicio por ofertar cargos en instituciones públicas.
El expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fue acusado como miembro principal de una presunta organización delictiva dedicada a ofertar cargos públicos a cambio de altas sumas de dinero. Fue desarticulada en el operativo “Emperador”, el 28 de noviembre de 2019.
El fiscal de la Unidad de Administración Pública, César Suárez Pilay, expuso más de 45 elementos de convicción hasta ahora recopilados, entre estos, las escuchas telefónicas autorizadas por autoridad judicial, extracción de información de teléfonos celulares, seguimientos a procesados, documentación (facturas, estados de cuenta, letras de cambio, cheques…) relativa al hecho, pericias informáticas y de cotejamiento de voz, inspección ocular técnica, entre otras.
En su intervención, el representante de Fiscalía citó fechas de las supuestas reuniones sostenidas por los integrantes de esta presunta agrupación delictiva, en Quito y Guayaquil, y demostró que José Carlos T. Z. era el encargado de ofertar cargos públicos en sus diferentes modalidades, para instituciones como el Ministerio de Salud, la Dirección Nacional de Aviación Civil, el Servicio Nacional de Aduanas y Petroecuador.
Según Fiscalía, en estas reuniones participaban otros miembros de la organización, liderada presuntamente por José Carlos T. Z., quien junto a la ya sentenciada, Renata J. R. acordaba los puestos a ofertar e indicaban los valores que deberían cancelarse por ellos, además de la adjudicación de contratos con instituciones públicas, para lo cual, presuntamente, solicitaban porcentajes de los montos de contratación.
Antes de esta audiencia, doce procesados por este caso se acogieron al procedimiento abreviado, por lo que fueron sentenciados a un año de pena privativa de libertad, multas de cuatro salarios básicos unificados (1.600 dólares), impedimento para postularse a cargos de elección popular por diez años y la prohibición de contratar con empresas del Estado.
La jueza de Garantías Penales, Marcela Ortega, dictó auto de llamamiento a juicio contra José Carlos T. Z., Jorge Enríquez R. A., Silvia Leonor C. G. y Marco Eduardo C. S., por el delito de asociación ilícita, según el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona este delito con pena privativa de libertad de tres a cinco años; mientras que, para David Mijael E. S., Lilián Auxiliadora L. O. y Álex José A. A. dictó sobreseimiento en el proceso.
Antecedentes
El 28 de noviembre de 2019 se inició un proceso penal contra 32 detenidos en el operativo “Emperador”. La acción fue liderada por la Fiscalía General del Estado en coordinación con la Unidad de Anti Secuestro y extorsión (Unase) de la Policía Nacional y se ejecutó en las provincias de Guayas, Manabí, Pichincha, Los Ríos, Tungurahua y Sucumbíos, tras una investigación de cuatro meses, por parte de la Unidad de Administración Pública en Guayaquil, por un presunto delito de asociación ilícita para ofertar cargos públicos.
