Una «ley justa y reparadora» que garantice el acceso real y sin revictimización al aborto para las supervivientes de violación es la causa por la que el movimiento de mujeres de Ecuador ha estado luchando en los últimos años y que espera que se apruebe en la Asamblea Nacional antes de que termine el 2021.
Ese es el principal desafío que afrontan los integrantes de la Comisión de Justicia del Parlamento ecuatoriano que debaten el proyecto de ley para regular el procedimiento tras la histórica decisión de la Corte Constitucional, que despenalizó la interrupción del embarazo en casos de violencia sexual el pasado 28 de abril.
