«Además del impacto directo en la seguridad y la vida de los ciudadanos, la violencia homicida en América Latina tiene repercusiones significativas en el desarrollo social y económico de la región. La falta de seguridad disminuye la calidad de vida de las personas, afecta la inversión extranjera, obstaculiza el crecimiento económico y socava la confianza en las instituciones públicas.
Es fundamental abordar las causas estructurales de la violencia, como la desigualdad social, la falta de oportunidades para la juventud, la corrupción y la impunidad. Implementar estrategias integrales que promuevan la inclusión social, el fortalecimiento de las instituciones, la prevención del delito y la rehabilitación de infractores es esencial para construir sociedades más seguras y justas.
En este contexto, la cooperación regional y la coordinación entre los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado son clave para abordar de manera efectiva el problema de la violencia en América Latina. Compartir buenas prácticas, fortalecer la capacidad institucional, invertir en educación y promover el diálogo social son estrategias que pueden contribuir a la construcción de un futuro más pacífico y próspero para la región.
Es fundamental que los líderes políticos y las autoridades competentes asuman la responsabilidad de garantizar la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos, promoviendo un enfoque integral de seguridad ciudadana que atienda las necesidades y los derechos fundamentales de la población.
«Tanto Ecuador como El Salvador, desde sus posiciones opuestas, han ido cobrando protagonismo por el clima de seguridad al que se enfrentan. El Salvador, hace menos de 10 años, registraba tasas homicidas superiores a los 100, mismas que fueron bajando desde 2016, y con mayor impacto desde 2019, cuando Nayib Bukele asumió la presidencia del país centroamericano.
En cambio, Ecuador tuvo un «descenso hacia el caos» que «fue repentino”, señala InSight Crime, pues hace menos de 10 años la tasa de homicidios rondaba los 6 por cada 100.000 habitantes, pese a estar al lado de productores significativos de hoja de coca como Colombia y Perú.
Esta situación evidencia las diferencias en la evolución de la seguridad ciudadana en ambos países, destacando la importancia de las políticas públicas y el liderazgo gubernamental en la reducción de la violencia homicida.»
