En Guayaquil, una de las ciudades más representativas de Ecuador, la situación de seguridad ha sido motivo de preocupación a pesar de la militarización en las calles. Un informe reciente de la Policía Nacional ha revelado un alarmante aumento en los delitos de secuestro y extorsión, lo que ha generado inquietud en la población y las autoridades. Las cifras oficiales muestran un preocupante incremento en la incidencia de secuestros y extorsiones en Guayaquil.
Durante el periodo de enero a marzo del año pasado, se registraron 120 casos de estos delitos, mientras que en el mismo periodo de 2024, la cifra se elevó a 618, lo que representa un aumento significativo y alarmante para la seguridad de los ciudadanos. Los delincuentes detrás de estos actos delictivos están exigiendo cantidades de dinero que oscilan entre dos mil y 200 mil dólares por cada víctima, lo que genera un impacto económico y emocional devastador para los afectados y sus familias. Esta situación ha generado un clima de temor e inseguridad en la ciudad. Ante esta creciente ola de violencia, el Gobierno de Ecuador decretó el estado de excepción y la declaratoria de conflicto armado interno el pasado 8 de marzo como medidas para hacer frente a la situación.
El presidente Daniel Noboa decidió extender por 30 días más el período de excepcionalidad, única prórroga legalmente posible. Por tanto, por un mes más las Fuerzas Armadas ecuatorianas estarán en las calles y las cárceles conjuntamente con la Policía Nacional para neutralizar a los 22 grupos delincuenciales catalogados como terroristas.
Ya van más de 11,700 detenidos en los operativos de las fuerzas del orden. El jefe de Estado ha ratificado en varias ocasiones su respaldo a la labor de los agentes del orden, aunque existen denuncias de ciudadanos y organizaciones civiles de presuntas violaciones de derechos por parte de uniformados. A medida que aumenta la cantidad de detenidos crecen también las dudas sobre dónde se encuentran y cuántos han sido procesados legalmente. Defensores de derechos humanos denunciaron que el contexto de estado de excepción y conflicto armado interno en el país desencadenó una «guerra contra las personas empobrecidas y racializadas».
