En una contundente acción llevada a cabo por la Fiscalía General del Estado de Ecuador en la madrugada de hoy, se han ejecutado operativos en diversas provincias del país como parte de una investigación denominada caso Plaga, que ha revelado la presencia de una red de delincuencia organizada infiltrada en el sistema judicial.
Esta operación ha resultado en la detención de múltiples individuos, incluyendo policías, abogados, jueces y secretarios que ocupaban roles clave en instancias públicas. Los operativos se han desplegado en las provincias de El Oro, Tungurahua, Manabí, Guayas, Azuay, Santo Domingo y Pichincha, abarcando un amplio espectro geográfico en la lucha contra esta red de corrupción que ha socavado la integridad de la justicia en el país.
Según las autoridades, la investigación se enfoca en una red de funcionarios públicos que habrían manipulado el sistema judicial para favorecer a individuos de alta peligrosidad, incluidos Privados de la Libertad (PPLs), facilitándoles la obtención de su libertad de manera indebida.
La Fiscalía ha señalado que los jueces implicados habrían sido cooptados a través de sobornos o favores, a cambio de garantizar la liberación de los PPLs, a pesar de que estos actos se presentaban dentro de un marco de legalidad superficial. Estas revelaciones han sacudido los cimientos del sistema judicial ecuatoriano, generando una profunda preocupación en la sociedad sobre la corrupción imperante en sectores clave del Estado.
Este golpe a la corrupción en el sistema judicial es un paso significativo en la lucha contra la impunidad y la mala praxis en el ámbito de la justicia. La Fiscalía ha reafirmado su compromiso con la transparencia y la legalidad, y ha asegurado que continuará trabajando incansablemente para erradicar este tipo de redes criminales que minan la confianza en las instituciones públicas y vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos.
La detención de estos funcionarios públicos implicados en actos ilícitos es un mensaje claro de que la impunidad no tiene cabida en el sistema judicial ecuatoriano. Este día marca un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, mostrando que nadie está por encima de la ley y que la justicia prevalecerá en defensa de los valores democráticos y el Estado de derecho en Ecuador.
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