Recientemente, Ecuador vivió un momento histórico al aprobar la extradición de ecuatorianos requeridos por otros países, a través de un referendo impulsado por el presidente Daniel Noboa. Esta medida representa un cambio significativo en las leyes y la Constitución ecuatoriana, enfocándose en combatir el crimen organizado y la violencia narco que han afectado al país.
El Sí prevaleció con un contundente 65% de los votos válidos, lo que implicó una modificación en la Constitución de 2008 que previamente prohibía la extradición de nacionales. A partir del momento en que los resultados del referendo sean proclamados en el Registro Oficial, la extradición de ecuatorianos vinculados con el crimen organizado transnacional comenzará a ser efectiva.
Anteriormente, Ecuador solo contaba con la posibilidad de realizar extradiciones «activas», es decir, solicitar la entrega de un nacional o extranjero a territorio ecuatoriano para ser procesado. Con esta reforma, se instaura la «extradición pasiva», permitiendo que un ecuatoriano que haya cometido un delito en otro país pueda ser entregado si es requerido por las autoridades correspondientes.
Esta decisión representa un importante avance en la cooperación internacional en la lucha contra el crimen transnacional, al facilitar la entrega de individuos involucrados en actividades delictivas más allá de las fronteras nacionales. Ecuador se posiciona así como un actor comprometido en la lucha contra la impunidad y la delincuencia, fortaleciendo sus mecanismos legales para garantizar la justicia y el cumplimiento de las normas internacionales en materia de extradición.
