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Entre 16 a 26 años de prisión recibiría Anabell, LA MUÑECA DEL BARRIO CUBA
Guayaquil, 30 de septiembre de 2024 – En un significativo golpe al crimen organizado, la Fiscalía, en colaboración con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, ha procesado a Anabell Estefanía M. L. por su presunta participación en el tráfico ilícito de armas y drogas. El operativo, que tuvo lugar el sábado 28 de septiembre en el Barrio Cuba, al sur de Guayaquil, se ejecutó bajo el marco del estado de excepción vigente en la provincia, tras recibir denuncias de disparos en la zona.
Durante la inspección del domicilio de la sospechosa, las autoridades descubrieron un arsenal que incluía dos fusiles calibre 7.62, treinta mil cartuchos de calibre 5.56, 620 alimentadoras de diversos calibres, además de quince granadas de mano y ocho tacos de dinamita, evidenciando la magnitud de las actividades ilícitas. También se incautaron una barra de explosivos, cartuchos de gas lacrimógeno, una granada de gas con espoleta, tres balanzas digitales, aproximadamente 600 dólares en efectivo, dos contadoras de billetes, y vehículos sin documentación legal.
En cuanto a sustancias ilícitas, los agentes encontraron 3.32 kilos de marihuana empacada para venta y dos kilos adicionales en bloques, lo que sugiere una operación de distribución bien estructurada.
Anabell Estefanía M. L. fue detenida y presentada ante la justicia al día siguiente. En la audiencia de calificación de flagrancia, el Fiscal presentó un caso sólido con el parte informativo, testimonios de los agentes, y las evidencias físicas, logrando que el juez dictara prisión preventiva en su contra por los delitos de tráfico ilícito de armas de fuego y tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, bajo el concurso real de infracciones.
Este caso se enmarca dentro de los esfuerzos de Ecuador por combatir la escalada de violencia y el crimen organizado, utilizando el estado de excepción como herramienta para facilitar operaciones de esta envergadura. La pena por estos delitos, según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), puede alcanzar entre dieciséis a veintiséis años de prisión, reflejando la severidad con la que el país busca abordar estos crímenes.