Desde 2020, el aborto es prácticamente ilegal en Polonia. El Tribunal Constitucional ha reducido el acceso al aborto hasta el punto de que el 90% de los abortos realizados hasta ahora son ilegales. A finales de mayo de 2023, una mujer murió en el hospital por no tener acceso a un aborto. Los defensores del aborto se reunieron en todo el país a mediados de junio para rendirle homenaje.
«Bienvenidas al infierno de las mujeres». Este fue el mensaje que Ania escribió en letras grandes sobre un gran mapa de Polonia en la manifestación en homenaje a Dorota, de 33 años, fallecida en un hospital polaco a finales de mayo. Estaba en su vigésima semana de embarazo. Rompió aguas repentinamente en su quinto mes, pero los médicos le pidieron que se tumbara con las piernas en alto y la cabeza gacha durante tres días.
El 24 de mayo murió de septicemia. Era la sexta mujer que moría en el hospital a causa de la prohibición casi total del aborto en Polonia. Por eso, Ania compara Polonia con el infierno: «Durante más de 100 años, nuestro país ha tenido problemas con nuestros derechos, y las cosas no han cambiado», se lamenta. Y la ley se endureció en 2020, reduciendo aún más el acceso al aborto en en el país.
Zochia tiene 18 años y lleva luchando por los derechos de las mujeres desde que tenía 12. Para ella es aterrador ver morir a una sexta mujer en menos de tres años en un hospital porque se niegan a atenderla: «He escrito en mi pancarta que tengo miedo, porque me da mucho miedo lo que está pasando aquí. Me preocupa mi futuro», dice.
Provocar el aborto de Dorota podría haber evitado su muerte por septicemia. «Los médicos probablemente estaban esperando a que el feto muriera», especuló el abogado de Dorota en la prensa polaca. «Supusieron que mientras no hubiera una amenaza inminente para la vida de la madre, no había razón para interrumpir el embarazo». El equipo médico habría preferido «preservar» la vida del feto mientras pudieran, antes que la de Dorota.
‘Los profesionales sanitarios no se atreven a practicar abortos por miedo a sufrir consecuencias legales’
Según Elena Crespi, responsable del programa Europa de la Federación Internacional de Derechos Humanos, este es el efecto disuasorio del cambio de la ley: «La amenaza de sanciones está tan presente que los profesionales sanitarios no se atreven a practicar abortos por miedo a sufrir consecuencias legales».
Desde que la ley se endureció en 2020, quien practique un aborto a una embarazada o ayude a una mujer a abortar se enfrenta a penas de hasta tres años de cárcel, ocho si el feto es viable. Por desgracia, según Laura, que acudió a la manifestación con un gran rayo rojo pintado en la cara, símbolo de la lucha feminista en Polonia, estas concentraciones no están consiguiendo que el gobierno se doblegue: «Por supuesto, cuando veo a toda esta gente, me siento más poderosa, pero, paradójicamente, también me siento más impotente, porque veo que, aunque mucha gente esté de acuerdo conmigo, nada cambia», lamenta.
Ante esta manifestación, que reunió a decenas de miles de polacos en las calles del país, el partido gobernante Ley y Justicia intentó, no obstante, reaccionar y calmar las tensiones. Pocos días después de la gran manifestación, dijo que crearía un equipo para garantizar que ninguna mujer arriesgara su vida por estar embarazada en un hospital.
Fueron palabras vacías para las asociaciones, que argumentaron que la muerte de Dorota se debió a la ley, y no a los médicos. Pero el partido en el poder tiene toda la intención de reducir el margen de actuación de los activistas proabortistas.
Justyna Wydrynska, pionera en Europa
Justyna Wydrynska, activista a tiempo completo del Aborcyny Dream Team («el equipo de choque del aborto»), se ha llevado la peor parte de las restricciones al aborto en Polonia. Ella y su equipo organizan campañas de información sobre el aborto para educar a toda Polonia en la materia.
Además, intentan ayudar a las mujeres en apuros, razón por la que Justyna acabó en los tribunales. Envió una píldora abortiva a una joven embarazada. Esta acción, ilegal en Polonia, le valió 18 meses de trabajos comunitarios al final de un juicio político de gran repercusión.
La justicia polaca pone esta decisión como ejemplo, enviando un mensaje a otros movimientos proabortistas. Para Elena Crespi, responsable del programa Europa de la Federación Internacional de Derechos Humanos, esta condena es reveladora sobre la condición de la mujer y el aborto en Polonia.
«Es el primer caso en la Unión Europea en el que una activista ha sido condenada penalmente por ayudar a una mujer a ejercer su derecho fundamental al aborto”, explica. Y sirve de ejemplo a todos los que quieran emularla porque el juez que participó en la condena fue ascendido por el Ministro de Justicia el mismo día.
Pero Justyna sigue luchando, y vuelve aún más fuerte: «Estamos de vuelta y, a principios de julio, viajaremos por toda Polonia, a las playas, en concreto, para conocer a gente e informarla sobre cómo abortar de forma segura en Polonia, desde casa”, se entusiasma. Justyna Wydrynska, que lleva muchos años luchando en Polonia, empieza a ver que las dificultades de Polonia se exportan cada vez más a Europa.
La restricción al aborto, un problema que se exporta
La activista polaca lo sabe muy bien: «Dicen que no quieren el aborto en el país, pero eso no hace que el aborto desaparezca», afirma. «Polonia exporta sus problemas a otros países europeos», continúa Justyna.
Otras asociaciones están tomando el relevo para ayudar a las mujeres polacas a acceder a un aborto seguro y legal en las clínicas europeas. Una de ellas es Abortion Network Amsterdam, que ha visto una afluencia mucho mayor de solicitudes polacas desde 2020: «Antes atendíamos a dos o tres personas al mes. Hoy tenemos más de 100», dicen.
La asociación las deriva a dos clínicas neerlandesas especializadas en abortos de hasta 22 semanas de gestación. “Es algo único en Europa. Un salvavidas para las mujeres polacas a las que no se permite abortar en caso de malformación fetal”, explica Marina, que trabaja con Abortion Network Ámsterdam. «Las anomalías fetales se detectan generalmente después de las doce semanas, y la mayoría de los países de alrededor no están en condiciones de atenderlas, lo que significa que somos nosotros los que nos hacemos cargo”, aclara.
Pero con sólo dos clínicas que ofrecen operaciones hasta las 22 semanas, cada vez es más difícil encontrar sitio. «Cuando entras en la sala de espera de una de estas clínicas, hay muchos belgas, franceses y alemanes y también polacas. Y si la cola se alarga, las posibilidades de obtener ayuda disminuyen rápidamente», continúa Marina, que sabe que una vez pasado el plazo de las 22 semanas, es casi imposible abortar.
Se trata de un problema europeo que también afecta a los refugiados ucranianos, huidos en masa a Polonia desde el inicio de la guerra. Un informe del Centro de Derechos Reproductivos arroja luz sobre su calvario. En particular, su acceso a los anticonceptivos: disponibles sin receta en Ucrania, pero muy limitados en su nuevo país de acogida.
FEDERA, la Fundación para la Mujer y la Planificación Familiar en Polonia, señala que «muchas mujeres ucranianas vuelven a casa porque el aborto es legal y accesible en su país». Y es aún peor para las que han sido violadas por soldados rusos.
Mateusz Biezunski trabaja a tiempo completo para FEDERA. “Al principio del conflicto, recibimos a mujeres que habían sufrido abusos sexuales por parte de soldados rusos», explica. “Pudimos ayudar a algunas de ellas a acceder al aborto legal”. Pero otras han dado marcha atrás antes que declarar ante un fiscal polaco.
«Muchas de las refugiadas tienen dificultades con el sistema local y la barrera del idioma, así que prefieren volver a Ucrania». Se trata de una situación crítica que podría resolverse en las próximas elecciones. Algunos partidos de la oposición planean revertir las restricciones al aborto en el país, pero muchas de las propuestas no van lo suficientemente lejos, según las asociaciones.
