Política
Asamblea Nacional debatirá proyecto urgente para áreas protegidas esta semana
La Asamblea Nacional de Ecuador sesionará del 30 de junio al 6 de julio de 2025 para tramitar en primer debate el proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de Áreas Protegidas y Desarrollo Local, remitido con carácter de urgente en materia económica por el presidente Daniel Noboa. La iniciativa, respaldada por el informe de la Comisión de Desarrollo Económico, busca garantizar la conservación de la biodiversidad y la sostenibilidad de los ecosistemas ecuatorianos.
El proyecto propone la creación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SNAP EP) como empresa pública, encargada de dirigir, planificar y coordinar el sistema de áreas protegidas conforme al Código Orgánico del Ambiente. Entre sus funciones están emitir normativa técnica, establecer lineamientos de gestión y asegurar la sostenibilidad financiera del sistema. El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, convocará al Pleno esta semana para discutir la propuesta, que también promueve el desarrollo local en comunidades aledañas a las áreas protegidas.
Paralelamente, varias comisiones especializadas continuarán sus labores. La Comisión de Fiscalización y Control Político avanzará en la investigación de presuntas irregularidades de operadores de justicia en el contexto del conflicto armado interno. La Comisión de Participación Ciudadana recibirá el lunes 30 de junio al asambleísta Franklin Samaniego, al expresidente del CPCCS Hernán Ulloa y a Gabriela Cadena, exmiembro de la Comisión Ciudadana, para tratar reformas a la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
La Comisión de Derecho a la Salud y al Deporte sesionará el martes y jueves para analizar temas relacionados con la prevención del cáncer, mientras que la Comisión de Garantías Constitucionales se reunirá el martes 1 de julio para evaluar la entrega de bonos temporales por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). Estas sesiones incluirán comparecencias de autoridades, académicos y representantes de la sociedad civil para enriquecer los procesos legislativos y de fiscalización.
