Ecuador aprueba Ley de Áreas Protegidas y crea organismo especializado para conservar su patrimonio natural

Con 80 votos afirmativos, la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Áreas Protegidas, una normativa de carácter económico urgente que marca un hito en la protección ambiental del país. La ley establece la creación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), un organismo autónomo encargado de garantizar la gestión técnica, financiera y legal de los ecosistemas estratégicos.

El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, calificó la aprobación como un momento histórico: “Ecuador dice nunca más al abandono institucional, nunca más a un guardaparque sin respaldo, y nunca más a una comunidad que pide ayuda y solo recibe papeles”.

Desde la Presidencia, el mandatario Daniel Noboa destacó que la ley consolida el compromiso del país con la naturaleza y proyecta liderazgo ambiental a nivel internacional. El SNAP podrá administrar recursos provenientes de fondos nacionales e internacionales, donaciones y otras fuentes legítimas, enfrentando amenazas como la minería ilegal, la deforestación y la fragilidad operativa de las áreas protegidas.

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La ley incluye la creación de carreras técnicas para guardaparques, una demanda histórica del sector. Juan Esteban Rivadeneira, de la Asociación de Guardaparques del Ecuador, celebró el avance «Esta es la oportunidad de realizar un cambio profundo con el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, una institución especializada, pero también autónoma.»

Además, el marco normativo ratifica los derechos colectivos de pueblos y nacionalidades indígenas, garantiza la consulta previa, libre e informada, y prohíbe la privatización de áreas protegidas, limitando las actividades turísticas a zonas de uso público.

Desde la sociedad civil, la conservacionista Yolanda Kakabadse, presidenta del Directorio de la Fundación Charles Darwin, afirmó que la ley permitirá fortalecer la relación entre naturaleza y sociedad mediante un modelo legal moderno y profesional.

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Con esta legislación, Ecuador refuerza su capacidad para cumplir compromisos internacionales en biodiversidad y acción climática, consolidando una gobernanza ambiental coherente y participativa.