El exasambleísta suspendido y procesado Santiago Díaz Asque rindió versión ante la Fiscalía General del Estado en el marco del caso Caja Chica, investigación que implica a varios integrantes del movimiento Revolución Ciudadana (RC). Díaz aseguró que acudió a la diligencia porque “el país necesita un baño de verdad”.
En su declaración a los medios, Díaz afirmó: “Yo trasladé, por disposición del presidente (Rafael) Correa, dinero desde Venezuela a Ecuador… La vida mía y de mi familia corre riesgo. Yo soy inocente. En otro caso se demostrará; ya hay pruebas suficientes”.
Con estas palabras, el exlegislador vinculó directamente al expresidente Rafael Correa con el traslado de fondos desde Venezuela hacia Ecuador para la campaña presidencial de 2023, en medio de una investigación por presunta delincuencia organizada y lavado de activos. Díaz también expresó temor por su seguridad y la de su familia, y reiteró su postura de inocencia frente a las acusaciones que enfrenta.
El caso Caja Chica investiga presuntas irregularidades financieras y posibles financiamientos ilícitos en campañas políticas, con Díaz Asque como uno de los procesados clave. Su versión anticipada podría aportar elementos nuevos a la Fiscalía, que mantiene reserva sobre los detalles del expediente.
Hasta el momento, ni Rafael Correa ni la Revolución Ciudadana han emitido un pronunciamiento oficial sobre las declaraciones de Díaz Asque. El exmandatario, quien reside en Bélgica desde 2017, ha negado en ocasiones previas cualquier vinculación con financiamientos irregulares.
La Fiscalía General del Estado confirmó la recepción de la versión y adelantó que se incorporará al expediente judicial. Se espera que en las próximas semanas se definan avances en la investigación, que podría derivar en nuevos llamados a versión o formulación de cargos adicionales.
Este desarrollo genera alto impacto político en Ecuador, en un contexto de polarización entre el oficialismo y la oposición correísta. La audiencia se dio bajo estrictas medidas de seguridad, dada la sensibilidad del caso y las amenazas denunciadas por el procesado.
