Ante la crisis en Colombia, Petro aún tiene dos opciones

Ante acusaciones contra el Gobierno de Gustavo Petro, los colombianos esperan que el Ejecutivo rinda cuentas y la Justicia investigue.

El exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, y la exjefa de Despacho en la Casa de Nariño, Laura Sarabia, deberán responder ante el Consejo Nacional Electoral el 13 de julio por «presuntas irregularidades en la financiación” de la campaña de Gustavo Petro, anunció el ente.

Lo que comenzara con la sospecha de que la niñera de Sarabia habría hurtado dinero a esta, siguió como escándalo de escuchas hechas por la Policía y avaladas por la Fiscalía General. Sarabia, quien fuera considerada «la mujer más poderosa” en el Gobierno de Petro, denuncia no haber cedido a «chantajes” por parte de Armando Benedetti, quien reacciona filtrando audios a una revista, en los que insinúa haber recibido «dineros ilegales” para la campaña de Petro en la costa atlántica.

El Gobierno no ha ordenado «interceptaciones de teléfonos, ni allanamientos ilegales (…) ni se han recibido en la campaña dineros de personas ligadas al narco», replicó Gustavo Petro en Twitter.

Una vida política contra el paramilitarismo y el narcotráfico

La mera insinuación de que podrían haber entrado dineros del narcotráfico a la campaña de Petro es ya un golpe a un Gobierno presidido por una persona que ha basado su carrera política en la lucha contra el paramilitarismo y su connivencia con el narcotráfico.

Colombia enfrenta – hasta ahora – una crisis de Gobierno. «Y lo ideal sería que no se convierta en una crisis de Estado. Es decir, que se mantenga en ciertos límites y pueda ser rápidamente superada, por ejemplo, mediante la conformación de un nuevo gabinete más amplio, con fuerzas políticas reformistas afines al Gobierno”, dice a DW el sociólogo Eduardo Pizarro Leóngomez, quien fuera miembro de la junta directiva del Fondo de Víctimas de la Corte Penal Internacional (CPI), en representación de América Latina.

Varios políticos de la oposición han entablado demandas contra el presidente de Colombia, y algunos piden incluso su renuncia. «Si pasamos a una crisis de Estado, puede significar que Gustavo Petro se vea obligado a renunciar a la presidencia de la República, por lo que la vicepresidenta, Francia Márquez, debe convocar a nuevas elecciones, debido a que este Gobierno no lleva ni dos años en el poder”, explica el científico.

El trauma de la ingobernabilidad de Samper

Que un presidente no termine su mandato puede parecer casi «normal» en otros países de América Latina, en Colombia sería inaudito.

¿Qué tan robustas son las instituciones democráticas en Colombia? Según la jurista colombiana Liliana Estupiñán, líder y cofundadora de la Red de Constitucionalismo Crítico de América Latina, «Colombia, a pesar de la violencia que ha padecido durante más de 60 años, a pesar de haberse convertido en una fábrica de víctimas, ha construido un Estado de derecho sólido. A pesar de esta – y de todas las crisis espantosas que hemos vivido – incluso en los peores momentos del narcotráfico, el Estado de derecho sigue incólume y es el único que puede permitir salir de esta crisis como corresponde”.

La mera sospecha de que el narcotráfico pueda haberse colado a la campaña electoral de un presidente despierta en los colombianos el trauma nacional de pérdida de ética y gobernabilidad que dejó el mandato de Ernesto Samper (1994-1998), considerados los «años perdidos”.

Algo impensable para la jurista Estupiñán, quien destaca el amplísimo respaldo con el que cuenta el ya aprobado Plan Nacional de Desarrollo. Un proyecto clave para Colombia «pensado en clave de agua y cambio climático”.

La Colombia de 1994 parece ser empero otra a la de 2023. «Colombia hoy es más madura que en la época de Samper”, considera Estupiñán, y agrega que parte de eso tiene que ver con el desarrollo del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC, a pesar de las dificultades. «Quienes antes se consideraban enemigos, pueden verse hoy como adversarios políticos”, concluye.

Petro tiene dos opciones: agitador o estadista

Las formas y estrategias de Gobierno de Gustavo Petro, y lo que representa como antiguo guerrillero, siguen sirviendo como instrumento de permanente alerta a la oposición radical. Por su parte, Petro, que iniciara su mandato en tono conciliador, ha radicalizado su discurso. El regreso a las apariciones en balcón que han suscitado comparaciones con Luis XV y su fijación con el lema «El Estado soy yo” mantienen a buena parte de sus electores y opositores en vilo. En Twitter, Petro caza peleas con las demás ramas del poder y no tiene reparo en criticar a periodistas y medios.

¿Quién se impondrá? ¿Petro el demócrata o Petro el agitador? «Él tiene dos modelos al frente: el de Hugo Chávez del balcón y la movilización social o el modelo de Gabriel Boric en Chile de ampliar el equipo de gobierno con una amplia coalición y buscar, de esa forma, adelantar las reformas sociales con un gran consenso social”, responde Pizarro, egresado del Institut d’études politiques de Paris, quien espera que la caída de popularidad le ayude a Petro a asumir un «realismo político”. Estupiñan, por su parte, deplora la «incapacidad de autocrítica” de parte de la izquierda colombiana y su «negación de la realidad”.

En su fijación por Twitter y sus 6 millones de seguidores, Petro parece estar perdiendo el hilo comunicacional con el resto de los 52 millones de colombianos. En sus discursos es a veces filósofo, a veces agitador, pero casi nunca gerente. No en vano, y ante el riesgo de que Petro caiga en la trampa del populismo, apoyado en los fuertes poderes que poseen los presidentes en América Latina, la constitucionalista Liliana Estupiñán advierte: «Bukele, como Trump, está teniendo un efecto muy preocupante. La réplica de Bukele sería una regresión total para la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho en América Latina”.

Al final, Eduardo Pizarro también confía en que Gustavo Petro entienda que un presidente debe ser «menos agitador y más estadista”.

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