Esta es la «venganza» de Salazar por la destitución de Murillo -su operador en el CJ- con los votos del PSC.
En medio de la reciente noticia sobre el caso Purga y sus 12 detenidos, entre ellos, el exasambleísta del PSC, Pablo Muentes, ha surgido la polémica reacción del expresidente Rafael Correa. Con su característico estilo crítico, Correa ha arremetido contra la acción de la Fiscalía General del Estado, manifestando que este nuevo proceso por delincuencia organizada es, en sus palabras, una «venganza» promovida por la fiscal Diana Salazar.
Correa, quien se encuentra en Bélgica tras ser condenado por cohecho en el caso Sobornos, no ha escatimado en expresar su opinión sobre el caso Purga. En sus declaraciones, Correa ha sugerido que esta serie de eventos estaría motivada por un deseo de retaliación de Salazar, en respuesta a la destitución de su operador en el Consejo de la Judicatura, con los votos del PSC.
La acusación de Correa, que apunta a una supuesta agenda de represalias políticas detrás de las acciones judiciales, pone de manifiesto las tensiones y los cuestionamientos que rodean al sistema judicial y a los procesos en curso en Ecuador. Las palabras del expresidente generan un debate sobre la independencia, la imparcialidad y la transparencia del sistema de justicia en el país.
En un contexto marcado por la polarización política y las disputas entre actores clave, como la Fiscalía y sectores afines al correísmo, el caso Purga se erige como un escenario propicio para la confrontación de narrativas y la lucha por el control simbólico y político.
Las acusaciones de Correa abren un nuevo frente en esta batalla de interpretaciones y evidencian la complejidad de las relaciones en el entramado político ecuatoriano.
La postura crítica de Rafael Correa frente al caso Purga es solo un capítulo más en la larga historia de discordias y confrontaciones que marcan la esfera política del país. Sus palabras, cargadas de denuncia y desconfianza hacia las instituciones, añaden un matiz adicional a un caso que ya ha captado la atención nacional e internacional, avivando el debate sobre el estado de la democracia y el Estado de derecho en Ecuador.
En su publicación en la red social X, Correa aseguró, sin presentar prueba alguna, que el caso Purga sería una retaliación política a la censura y destitución de Fausto Murillo, exvocal del Consejo de la Judicatura. La censura de Murillo en el Pleno de la Asamblea contó con los votos del correísmo y del Partido Socialcristiano. «¿Cuándo traen a Luque Lecaro? ¿Cuándo INA Papers? En fin, sigan dejándose sorprender por el show», agregó Correa, este 4 de marzo, horas después de los allanamientos en Guayaquil y Samborondón.
Cuando se destapó el caso Metástasis en diciembre de 2023, Correa alertó con 14 horas de anticipación que la Fiscal preparaba un operativo en Quito, en una publicación que configura un delito penal. Luego, ante la polémica, el expresidente afirmó que no defendía a Wilman Terán, expresidente de la Judicatura y uno de los 39 detenidos en el caso Metástasis, que investiga una presunta red de corrupción entre el poder judicial y el crimen organizado.
