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Caso Metástasis: Wilman Terán, Ronny Aleaga y Xavier Jordán, serán llevados a juicio

En un movimiento significativo para la justicia ecuatoriana, el juez Manuel Cabrera de la Corte Nacional de Justicia ha emitido un esperado fallo en el denominado #CasoMetástasis, ordenando que 30 individuos, incluyendo figuras prominentes como Wilman Terán, Ronny Aleaga y Xavier Jordán, sean llevados a juicio. Este caso ha destapado una red de corrupción que supuestamente se extendía desde las entrañas del sistema judicial hasta las cárceles, revelando la profundidad de la delincuencia organizada en el país.
Wilman Terán, quien ocupó el cargo de presidente del Consejo de la Judicatura, se enfrenta a acusaciones de haber usado su puesto para manipular sentencias y favorecer a narcotraficantes, específicamente vinculado con Leandro Norero. La decisión del juez Cabrera subraya la posibilidad de su participación en la organización criminal, tras lo cual se estima que su responsabilidad debe ser evaluada en una etapa de juicio, asegurando un análisis detallado de las evidencias presentadas por ambas partes.
Por otro lado, Ronny Aleaga, exasambleísta y miembro destacado del movimiento correísta, es acusado de ser un engranaje esencial en esta maquinaria corrupta. Su alias «El diablo» resuena con la influencia que habría ejercido para torcer la justicia, facilitando la corrupción a través de contactos políticos y judiciales. Junto a él, Xavier Jordán, señalado como un colaborador cercano de Norero, está acusado de gestionar los recursos económicos que alimentaban las actividades ilícitas de esta organización.
El Caso Metástasis emergió a la luz pública tras el asesinato de Leandro Norero, un capo ecuatoriano del narcotráfico, cuya muerte reveló un entramado de corrupción inimaginable. Las investigaciones posteriores, basadas en mensajes y comunicaciones interceptadas, mostraron cómo jueces, fiscales y funcionarios carcelarios se habían vendido al crimen organizado, comprometiendo la integridad del sistema judicial por beneficios personales.
Este escándalo ha provocado una ola de indignación y una demanda por reformas profundas en el sistema judicial de Ecuador. El gobierno, liderado por el presidente Daniel Noboa, ha prometido una lucha incansable contra la corrupción a través del «Plan Fénix», buscando limpiar las instituciones y recuperar la confianza pública. La decisión de llevar el caso a juicio es un paso crucial en este esfuerzo, marcando un precedente sobre cómo la justicia ecuatoriana podría operar en contra de la impunidad.
El proceso judicial que sigue será observado de cerca tanto nacional como internacionalmente, ya que no solo se juzga a los individuos sino también la capacidad del estado ecuatoriano para combatir la corrupción desde dentro. Este caso podría ser un punto de inflexión en la lucha contra la criminalidad organizada, demostrando que nadie está por encima de la ley y que el compromiso con la justicia puede prevalecer incluso en los escenarios más oscuros de la corrupción institucional.