Chile ha tomado medidas firmes al deportar a 53 migrantes procedentes de Bolivia, Ecuador y Colombia, debido a infracciones migratorias y delitos cometidos en su territorio. Esta acción se enmarca en la política migratoria del país sudamericano, que busca garantizar el respeto a las leyes y la seguridad de sus ciudadanos.
El gobierno chileno anunció recientemente la expulsión de estos migrantes, elevando el total de deportaciones en lo que va del año a más de 300 personas.
Según el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG), un vuelo chárter partió rumbo a Bolivia, Ecuador y Colombia, transportando a cuatro ecuatorianos, nueve bolivianos y 40 colombianos que violaron las normativas migratorias y legales en Chile.
Las deportaciones se dividen en dos categorías: 19 expulsiones administrativas y 34 judiciales, reflejando la severidad de las medidas aplicadas a quienes incumplen las leyes chilenas.
Esta acción busca enviar un mensaje claro sobre el cumplimiento de las normas y el respeto a la legalidad en el país, reafirmando el compromiso del gobierno con la seguridad y el orden público.
