El juez Juan Merchan ha tomado una decisión sin precedentes al extender la ley mordaza aplicada al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el contexto del juicio penal que dará inicio el 15 de abril en Nueva York. La medida impide a Trump hacer declaraciones relacionadas no solo con potenciales testigos y abogados involucrados en el caso, sino también ahora prohíbe cualquier comentario acerca de la familia del magistrado Juan Merchan y del fiscal Alvin Bragg.
La orden judicial enmendando la restricción original, emitida la semana pasada, evidencia la creciente preocupación por parte del juez Merchan acerca de los patrones de comportamiento de Trump, particularmente al dirigir ataques hacia familiares de profesionales del sistema judicial.
Específicamente, en este caso, se centra en los pagos irregulares a la actriz porno Stormy Daniels durante la campaña presidencial de 2016, con el fin de silenciar un supuesto romance entre ambos. La postura del juez Merchan, reflejada en su ampliación de la ley mordaza, remarca la importancia de mantener la integridad del proceso judicial y proteger la dignidad de las partes involucradas en el mismo.
Al considerar los ataques a familiares de los implicados como una estrategia sin fundamentos legítimos, el magistrado busca salvaguardar el debido proceso y garantizar un entorno judicial equitativo y basado en la imparcialidad.
Este nuevo giro en el caso de Trump no solo plantea interrogantes sobre los límites de la libertad de expresión en el contexto de un proceso legal, sino también resalta la necesidad de establecer normas claras para preservar la ética y el respeto en el ámbito judicial.
A medida que se acerca la fecha de inicio del juicio, la atención se centra en cómo esta restricción adicional afectará el desarrollo del caso y en qué medida influirá en la defensa y la estrategia legal del exmandatario estadounidense.
