La concejal Mayra Montaño, popularmente conocida como la «Bombón», se encuentra en aprietos luego de que se revelara que cinco de sus familiares trabajan en el municipio de Guayaquil, generando controversia y despertando la atención de las autoridades.
La Contraloría del Estado ha iniciado una investigación para determinar la veracidad de estas acusaciones y evaluar posibles acciones disciplinarias. Este caso ha generado un debate sobre la ética y la transparencia en la gestión municipal, ya que la contratación de familiares en cargos públicos suele ser un tema sensible que puede suscitar críticas y cuestionamientos.
La presunta preferencia hacia sus allegados ha puesto en tela de juicio la integridad de la concejal ‘Bombón’, cuya reputación se ve ahora cuestionada. La Contraloría, como ente encargado de velar por el buen uso de los recursos públicos, ha asumido la responsabilidad de investigar a fondo este asunto y determinar si se han infringido normas o principios legales.
La posibilidad de que la concejal sea sancionada o incluso destituida está sobre la mesa, lo que podría tener consecuencias tanto a nivel personal como político para Mayra Montaño. La opinión pública y la comunidad en Guayaquil permanecen atentas a los desarrollos de este caso, esperando que se esclarezcan los hechos y se tomen las medidas adecuadas para garantizar la transparencia y la legalidad en el ámbito municipal.
