Quito, 3 ago (EFE).- El movimiento indígena y campesino de Ecuador manifestó este martes su preocupación por el ritmo del diálogo que mantiene con el Gobierno para atender las 10 demandas que motivaron las protestas del pasado junio, cuando buena parte del país quedó paralizado por 18 días.
Las mesas técnicas de diálogo que comenzaron el 13 de julio, tienen un plazo de 90 días para llegar a acuerdos en torno a los 10 puntos del pliego de demandas, según el acuerdo suscrito entre el Gobierno y las organizaciones indígenas y campesinas que puso fin a las movilizaciones.
En estas tres primeras semanas de trabajo solo se ha podido culminar el de la mesa de banca pública, donde se aprobó la reestructuración a familias campesinas de deudas vencidas de hasta 10.000 dólares y el acceso a diversos programas para nuevos créditos.
Siguen en marcha las negociaciones en la mesa de focalización de subsidios de combustibles y en la de control de precios, mientras que las otras 7 mesas aún no han comenzado su trabajo.
«Si vamos a este ritmo, no vamos a concluir en los 90 días previstos», advirtió este martes el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, quien anunció que el miércoles harán una valoración general del avance de los diálogos.
«Hay una preocupación. De nuestra parte hemos producido las propuestas y muchas veces hemos quedado sin respuestas por el Gobierno», lamentó.
PROPUESTA DE CONTROL DE PRECIOS
Este martes el Gobierno presentó al movimiento indígena y campesino una propuesta sobre el control de precios solicitado por las organizaciones convocantes a las marchas de junio en torno a 44 productos considerados de primera necesidad.
El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, resaltó que esta ha sido una jornada productiva, en la cual se dio un intercambio positivo de información entre ambas partes.
«Tenemos una razonable expectativa de que podemos alcanzar acuerdos en esta mesa la próxima semana», afirmó Jiménez.
En la cita, los delegados intercambiaron criterios sobre aspectos como el acceso a la información, el control gubernamental de precios, el control social de los precios mediante un observatorio y el control externo de productos para evitar el contrabando, según detalló el Ministerio de Gobierno en un comunicado.
También se habló de la generación de ferias inclusivas para fortalecer la disponibilidad alimentaria y la posibilidad de establecer tarifas sociales en servicios de telecomunicaciones para beneficiar a los sectores rurales.
DESACUERDO EN PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS
De su lado, el ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Julio José Prado, detalló que por parte del Gobierno no se puede establecer un precio fijo en referencia a los productos industrializados, ya que existen factores externos que afectan directamente su precio.
El Ministerio de Gobierno afirmó en un comunicado que el Ejecutivo fomenta un acceso justo e igualitario a los productos alimentarios para todos los sectores de la población, con el fin de preservar la salud y la economía de las familias ecuatorianas.
Las protestas desarrolladas entre el 13 y el 30 de junio se saldaron con 6 fallecidos, entre ellos 5 manifestantes, según las organizaciones de derechos humanos, y un militar, además de alrededor de 500 heridos entre protestantes y fuerzas de seguridad.
Las movilizaciones se levantaron después de que el Gobierno aceptara reducir el precio de los combustibles subsidiados en 15 centavos de dólar por galón (3,78 litros), pese a que los indígenas reclamaban una rebaja de 40 centavos, y en la derogatoria de un decreto que promovía la actividad petrolera, especialmente en la Amazonía.
Durante las casi 3 semanas de protestas, el Ejecutivo también tomó otras medidas como el aumento de 50 a 55 dólares de un bono para familias vulnerables, el subsidio del 50 % de la urea para la agricultura y la duplicación del presupuesto para la educación intercultural. EFE
