Nacional
Continúa investigación por fuga de información en emboscada que dejó 11 militares muertos en Alto Punino
El Ejército ecuatoriano abrió dos frentes de investigación para determinar si una filtración de información permitió la emboscada del 9 de mayo en Alto Punino, provincia de Orellana, donde 11 militares de la Brigada de Selva 19 Napo y un civil, identificado como alias “Compadre”, líder de los Comandos de la Frontera, perdieron la vida. El ataque, perpetrado con fusiles, granadas y explosivos, ocurrió durante una operación contra la minería ilegal coordinada con la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), y es considerado uno de los más letales contra las Fuerzas Armadas en años recientes.
El comandante del Ejército, Henry Delgado, confirmó en una entrevista con Televistazo que se indaga una posible fuga de información, señalando que la operación, planificada junto a Arcom, pudo haber sido comprometida. La primera línea de investigación se centra en los protocolos de inteligencia militar y los uniformados involucrados en la planificación y ejecución, revisando exhaustivamente comunicaciones y procedimientos internos. La segunda apunta a funcionarios de Arcom, quienes coordinan las acciones antiminera con las Fuerzas Armadas, para descartar irregularidades o complicidades externas.
El operativo involucró a cuatro equipos de combate con 80 soldados desplegados en Alto Punino, una zona estratégica para la minería ilegal que genera millonarias ganancias para grupos como Comandos de la Frontera y Los Lobos, vinculados al narcotráfico y el crimen organizado. Según un comunicado del Ejército, el ataque fue una emboscada en “L”, lo que sugiere que los agresores conocían la ruta y el momento exacto de la operación. Un post en X del usuario @jcarreraandrade señaló que en el celular de un atacante se encontraron fotos con nombres y detalles del operativo, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente.
Desde el 11 de mayo, agentes de inteligencia del Comando Central del Ejército, liderados por el teniente coronel Édgar Jaramillo, según fuentes castrenses, se desplazaron a la Brigada 19 Napo para conducir las investigaciones, que permanecen bajo estricta reserva. En 2024, Arcom reportó la destrucción de más de 50 campamentos mineros en Napo, pero la resistencia armada ha complicado las operaciones, con incidentes previos como un enfrentamiento en febrero de 2024 que dejó un muerto y dos detenidos. La región, que perdió 217 hectáreas de selva en 2023 por minería ilegal, es un foco de actividad delictiva transnacional.
El presidente Daniel Noboa, quien decretó tres días de luto nacional y calificó a los militares como héroes, prometió en X que los responsables serán “encontrados y acabados”. La Fiscalía General del Estado abrió una investigación por terrorismo, recolectando evidencias en el lugar del ataque. Mientras tanto, el Ejército movilizó 1.500 soldados adicionales a Alto Punino, incluyendo fuerzas especiales, para intensificar las operaciones antiminera bajo estrictas medidas de seguridad. Las indagaciones buscan esclarecer fallos en la inteligencia militar y posibles complicidades, en un contexto donde la minería ilegal fue declarada amenaza a la seguridad nacional en 2024.
