En la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHDPA), nos solidarizamos con los familiares de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos la noche del 26 de septiembre del 2014, quienes han continuado con una búsqueda imparable para encontrar la verdad detrás de este atroz suceso.
Lamentablemente, cada año se topan con un nuevo impedimento que retrasa aún más la resolución del caso por parte del Estado Mexicano. Hace nueve años, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ‘Raúl Isidro Burgos’, desaparecieron en Iguala, Guerrero. A la fecha solo se han localizado los restos de Alexander Mora Venancio, en 2014; Jhosivani Guerrero de la Cruz, en 2019; y Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, en 2020. Estos hallazgos no han representado un avance considerable, pues los familiares de las víctimas acusan al gobierno de ocultar información y de encubrir al Ejército.
Según las investigaciones del GIEI y del Centro Regional de Fusión de Inteligencia, existen decenas de documentos elaborados por el Ejército, los cuales probarían que la Sedena tenía conocimiento del grupo criminal que atacó a los estudiantes, así mismo, revelarían pistas importantes sobre el posible paradero de los jóvenes. El Ejército, por su parte, insiste en que ya ha entregado todos los documentos a su disposición.
El pasado lunes se reunieron en Palacio Nacional con autoridades del gobierno federal en la que se presentó un nuevo informe de avances muy semejante a la “verdad histórica”, versión presentada por el entonces procurador general, Jesús Murillo Karam, hoy en prisión preventiva. Ante estos hechos, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) emitió el martes 26 un pronunciamiento para pedir al Gobierno mexicano “colaborar efectivamente y entregar toda la información” sobre los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.
La CIDHPDA se suma a este llamado y exige al gobierno del Lic. Andrés Manuel López Obrador, que cumpla con la promesa de esclarecer la desaparición de los estudiantes normalistas. Su sexenio está en la etapa final y a cinco años pareciera que estamos más lejos de conocer la verdad sobre este crimen de Estado, considerado uno de los peores casos de violación a los derechos humanos acontecidos en México. De nueva cuenta externamos nuestra solidaridad y apoyo a las familias de los 43 normalistas. Estamos comprometidos a colaborar con toda persona que necesite un respaldo para defender sus derechos fundamentales.
