Internacional
Congreso peruano busca anular aumento salarial de Boluarte y citar a premier y ministro de Economía
La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República de Perú, presidida por el congresista Juan Burgos Oliveros, aprobó por unanimidad el viernes 4 de julio presentar iniciativas multipartidarias para derogar el Decreto Supremo 136-2025-EF, que elevó el salario de la presidenta Dina Boluarte a 35,568 soles mensuales. Además, decidió interpelar al presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana Ysa, y al ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez-Reyes Espejo, por no asistir a una citación para justificar el incremento, según un comunicado oficial del Congreso.
La sesión extraordinaria, convocada para que ambos funcionarios explicaran los fundamentos técnicos y presupuestales del aumento, fue marcada por su ausencia, lo que desató críticas de los legisladores. El congresista Edgard Reymundo Mercado calificó el decreto como un “aprovechamiento indebido” y propuso la interpelación, respaldada por los 13 miembros presentes. La Comisión también solicitó al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, invitar a la presidenta Boluarte al Pleno para que sustente la medida, que ha generado rechazo en un contexto de crisis económica y cuestionamientos a la gestión del Ejecutivo.
El aumento salarial, respaldado por un informe técnico del Ministerio de Economía y Finanzas, ha sido criticado por priorizar los ingresos presidenciales en un momento de dificultades económicas para la población. Las mociones de interpelación buscan esclarecer las razones detrás de la decisión, mientras la propuesta de derogación apunta a anular el ajuste. Arana y Pérez-Reyes deberán comparecer ante la Comisión el 11 de julio, en una sesión que promete intensificar el escrutinio sobre el gobierno. Además, la Comisión aprobó un informe sobre el uso indebido de vehículos presidenciales, reforzando su rol en la fiscalización de recursos públicos.
El proceso refleja las tensiones políticas entre el Ejecutivo y el Legislativo, en un año marcado por debates sobre la transparencia en la gestión pública. La derogación del decreto y las interpelaciones podrían redefinir las dinámicas de poder en el gobierno de Boluarte, mientras la ciudadanía espera respuestas claras sobre el uso de los recursos estatales.
