Política
Confusión Jurídica en Torno a la Cooperación Internacional, Según el Secretario de la Asamblea Nacional
El secretario de la Asamblea Nacional, Alejandro Muñoz, afirmó este viernes 21 de febrero de 2025 que existe una «gran confusión jurídica» desde el Gobierno respecto a la solicitud de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) para debatir una resolución que respalde la incorporación de fuerzas especiales internacionales en la lucha contra la crisis de seguridad en Ecuador. Muñoz explicó a la prensa que el presidente Daniel Noboa no requiere aprobación legislativa para establecer acuerdos de cooperación internacional en este ámbito, según lo estipulado por la Corte Constitucional.
Muñoz señaló que la propuesta presentada por ADN es una resolución de carácter declarativo y político, sin efecto jurídico vinculante. Citó como ejemplo el dictamen 9-23-1/2024 de la Corte Constitucional, que indica que el acuerdo entre Ecuador y Estados Unidos sobre operaciones contra actividades marítimas transnacionales ilícitas no necesita ratificación legislativa. «El presidente para poder realizar las acciones de cooperación internacional no requiere de una aprobación de la Asamblea», enfatizó, sugiriendo que la confusión podría tener motivaciones político-electorales.
El secretario añadió que la responsabilidad de gestionar la cooperación internacional en seguridad recae en el Ejecutivo, requiriendo capacidad y voluntad política para negociar con otros países. Anunció que el próximo martes 25 de febrero, el Parlamento analizará el tema y la moción de ADN, que busca apoyo para que fuerzas extranjeras colaboren en combatir el narcotráfico y el crimen transnacional.
Por su parte, la canciller Gabriela Sommerfeld pidió hoy a la Asamblea respaldar la propuesta del presidente Noboa durante una entrevista en Ecuavisa, argumentando que es necesario unir al país en la lucha contra la delincuencia organizada. Sin embargo, el día anterior había indicado a la prensa que dicho apoyo «no necesariamente es un requisito» si se cumple la normativa vigente, calificando la medida como un ejercicio de soberanía para reforzar las capacidades de las fuerzas de seguridad ecuatorianas.
