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Se cree que extranjeros estarían detrás de causar desmanes en el país

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Mónica Palencia, la Ministra del Interior de Ecuador, ha tomado medidas significativas en el ámbito de la seguridad nacional, reflejando una política de estado orientada a preservar la seguridad y la integridad territorial del país. En colaboración con una entidad internacional de seguridad, cuyo nombre no ha sido revelado por motivos estratégicos, el gobierno está llevando a cabo una exhaustiva evaluación de 500 perfiles de extranjeros. Esta iniciativa surge del interés por mitigar posibles amenazas a la seguridad nacional, marcando una política de prevención y control sobre quienes podrían representar un riesgo.

Esta acción se enmarca dentro de una estrategia más amplia del gobierno de Daniel Noboa, que busca no solo identificar sino también actuar contra individuos cuya presencia en el país no garantiza la seguridad. La deportación de personas consideradas como riesgos se ha convertido en una herramienta clave para el aseguramiento interno, mostrando una firme postura contra la inseguridad que podría derivar de actores externos.

Además, en previsión de los comicios electorales programados para 2025, la Ministra Palencia ha puesto en marcha un programa de capacitación especial para la Policía Nacional. Este programa se centra en la protección de personas, un aspecto crítico en cualquier proceso democrático. La seguridad de los candidatos se ha priorizado, asegurando que quienes participen en la contienda política puedan hacerlo sin amenazas a su integridad. Este enfoque no solo busca proteger a los individuos sino también garantizar la libre y segura participación ciudadana en las elecciones, fundamentales para la democracia ecuatoriana.

Estas políticas reflejan un cambio hacia una gestión más proactiva y preventiva en materia de seguridad, donde la colaboración internacional y la capacitación local se combinan para fortalecer el estado de derecho y la seguridad en Ecuador. La estrategia de Palencia y el gobierno de Noboa parece estar dirigida a crear un ambiente más seguro, tanto para los ciudadanos como para los procesos políticos del país, en un contexto donde la seguridad se ha convertido en uno de los desafíos más apremiantes.

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