Política
Asambleísta Mónica Salazar se suma al Acuerdo Nacional impulsado por el Gobierno de Noboa
El ministro de Gobierno, José De la Gasca, anunció que la asambleísta independiente Mónica Salazar formalizó su apoyo al Acuerdo Nacional por un Legislativo, tras su reciente renuncia a la bancada de Revolución Ciudadana. La incorporación de Salazar, representante de Chimborazo, fortalece la coalición legislativa que busca respaldar la agenda del presidente Daniel Noboa, a pocos días de la instalación de la nueva Asamblea Nacional el 14 de mayo.
Durante una reunión en Quito, De la Gasca y Salazar coincidieron en la importancia de priorizar una agenda legislativa enfocada en el desarrollo agropecuario, el fortalecimiento del sector rural y la generación de oportunidades inclusivas. “Continuamos sumando voluntades para transformar el país. Celebramos este acuerdo, que no es solo político, sino patriótico”, afirmó el ministro, destacando que la adhesión de Salazar refuerza el compromiso del Gobierno con el progreso económico y social.
Salazar, quien abandonó las filas de Revolución Ciudadana tras diferencias ideológicas, expresó su interés en impulsar proyectos que beneficien a las comunidades rurales, un sector clave en su provincia. Su apoyo eleva a 67 los votos confirmados para el bloque liderado por Acción Democrática Nacional (ADN), aunque aún requiere al menos 10 escaños adicionales para alcanzar la mayoría absoluta de 77 en el Legislativo. La coalición enfrenta el desafío de consolidar alianzas en un escenario polarizado, donde Revolución Ciudadana, con 66 curules, permanece como principal fuerza opositora.
El Acuerdo Nacional, promovido por Noboa, busca consolidar una agenda legislativa que incluya reformas económicas, seguridad ciudadana y desarrollo sostenible. De la Gasca reiteró que el Gobierno está abierto a dialogar con otros asambleístas independientes y de movimientos regionales para ampliar el respaldo. Mientras tanto, sectores de oposición han cuestionado la estrategia de ADN, acusándola de presionar a legisladores para sumarse a cambio de beneficios políticos, una acusación que el Ejecutivo ha desmentido.
