Política
Asamblea Nacional aprueba Ley de Inteligencia para regular Sistema Nacional con 77 votos
El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este martes, con 77 votos afirmativos, la Ley Orgánica de Inteligencia, una normativa destinada a regular el funcionamiento del Sistema Nacional de Inteligencia y sus subsistemas. El proyecto, previamente avalado el sábado 7 de junio por la Comisión de Seguridad Integral, presidida por la legisladora Inés Alarcón, busca modernizar las operaciones de inteligencia en Ecuador, alineándolas con estándares internacionales, según destacó la ponente durante el debate legislativo.
La nueva ley establece la estructura del Sistema Nacional de Inteligencia, que integrará subsistemas vinculados a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, análisis financiero y económico, Casa Militar Presidencial, sistema tributario, aduanas y sistema penitenciario, entre otros que el presidente de la República, Daniel Noboa, determine. Además, la normativa contempla mecanismos de coordinación con organismos de apoyo, entidades estatales y actores privados, promoviendo la cooperación para fortalecer la seguridad nacional sin comprometer los derechos ciudadanos.
Durante su intervención, Alarcón defendió la propuesta, asegurando que responde a “las exigencias actuales” y establece un marco legal claro para evitar abusos del pasado. “No podemos tener memoria selectiva; recordemos cuando la inteligencia se usaba para espiar y perseguir a ciudadanos, políticos o periodistas”, señaló, refiriéndose a prácticas ocurridas durante el gobierno de Rafael Correa. La legisladora enfatizó que la ley incluye salvaguardas para garantizar transparencia y prevenir el uso indebido de los recursos de inteligencia.
La aprobación de la Ley de Inteligencia, que contó con el respaldo mayoritario de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) y aliados, generó críticas desde la Revolución Ciudadana, que cuestionó su alcance y posibles riesgos para la privacidad. El texto será enviado al Ejecutivo para su sanción u objeción, en un contexto de creciente polarización política y debate sobre las reformas de seguridad impulsadas por el gobierno. La Fiscalía y el Consejo de la Judicatura supervisarán su implementación para asegurar el cumplimiento de los principios constitucionales.
