Política
Carlos Bernal, condenado a 13 años por peculado, no regresará de EE.UU. a Ecuador

La Corte Nacional de Justicia (CNJ) sentenció el 30 de junio de 2025 a Carlos Bernal, exsecretario del Comité de Reconstrucción, y al exvicepresidente Jorge Glas a 13 años de prisión por peculado en el caso Reconstrucción de Manabí, tras el terremoto de 2016. Ambos fueron hallados culpables de desviar fondos públicos destinados a la reconstrucción de las provincias afectadas, causando un perjuicio al Estado estimado en 225 millones de dólares. Además, deberán pagar una reparación integral de 250 millones de dólares y una multa de 60 salarios básicos unificados, equivalente a 28,200 dólares.
La jueza Mercedes Caicedo, ponente del caso, destacó que Bernal priorizó obras que beneficiaron a su entorno familiar, incluyendo contratos adjudicados a empresas vinculadas a su cuñado y su padre, Franklin Bernal, entonces subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. La Fiscalía señaló que de 584 proyectos aprobados, al menos 164 carecían de respaldo técnico, y muchos no respondían a las necesidades urgentes de las víctimas del sismo. Durante el juicio, Bernal participó de manera telemática desde Estados Unidos, donde reside desde 2018 y opera una empresa de distribución de alimentos.
Roberto Calderón, abogado de Bernal, afirmó que su cliente no manejó fondos públicos ni firmó contratos, ya que su rol en el Comité de Reconstrucción, según el Decreto Ejecutivo 1004 de 2016, no incluía decisiones sobre la asignación de recursos.
Calderón subrayó que Bernal no es prófugo y que Interpol rechazó en marzo de 2025 una solicitud de Ecuador para emitir medidas contra él. “Carlos Bernal ha hecho de Estados Unidos su lugar de residencia desde 2018 y no planea regresar”, aseguró el abogado, añadiendo que su cliente desconoce el proceso iniciado en 2019.La sentencia, que es de primera instancia y puede ser apelada, también inhabilita de por vida a Bernal y Glas para ejercer cargos públicos y les suspende los derechos políticos por 25 años.
La Fiscalía continuará investigando las obras vinculadas a familiares de Bernal, mientras el caso reaviva el debate sobre la gestión de los fondos de la Ley de Solidaridad y la corrupción en el sistema público ecuatoriano.