En un acto de consenso, la Comisión de Fiscalización ratificó la solicitud para iniciar un proceso de juicio político en contra del exministro del Interior, Juan Zapata, el día 17 de abril.
Se le imputa como responsable de la creciente ola de violencia, tachando su labor de «ineficiente» por no haber destinado los recursos necesarios hacia la Policía Nacional, a pesar de contar con un presupuesto asignado para el año 2023.
El pedido de juicio político fue presentado inicialmente por el asambleísta Carlos Vera, quien argumentó que la gestión de Zapata contribuyó significativamente a la declaración de un conflicto armado interno por parte del gobierno actual, debido a la falta de una gestión efectiva frente a la crisis durante su mandato.
Adicionalmente, se le acusa de no haber gestionado de manera apropiada los fondos reservados para el personal de la Policía Nacional en un periodo donde la violencia en el país se intensificaba.
La decisión de proceder con el juicio político subraya la alarma y desaprobación generadas por la administración de Zapata en un período crítico para la seguridad nacional y la estabilidad política.
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