Política
Corte Constitucional admite demandas contra la Ley de Solidaridad en Ecuador
Quito, 5 de julio de 2025 – La Corte Constitucional de Ecuador admitió a trámite dos demandas de inconstitucionalidad contra la Ley de Solidaridad contra la Economía Criminal, publicada el 10 de junio de 2025 en el Registro Oficial Suplemento 56. Las causas, identificadas como 50-25-IN y 51-25-IN, fueron aceptadas el viernes 4 de julio por cumplir con los requisitos de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, mientras que una tercera demanda, 49-25-IN, fue rechazada por no ajustarse a los parámetros legales. La normativa, impulsada con carácter de urgencia económica por el presidente Daniel Noboa, seguirá vigente mientras se evalúa su constitucionalidad.
El juez constitucional Alí Lozada será el encargado de sustanciar las demandas, que se acumularán en una sola causa para un análisis más eficiente, según explicó el constitucionalista José Chalco. La Corte desestimó los pedidos de medidas cautelares para suspender la ley, al considerar que no se cumplieron los requisitos legales.
La Asamblea Nacional dispone de 15 días para presentar su defensa ante los cuestionamientos, que incluyen preocupaciones sobre posibles vulneraciones a derechos fundamentales, como los relacionados con allanamientos sin orden judicial previa y el esquema de compensaciones económicas.
La Ley de Solidaridad, la primera iniciativa económica urgente de Noboa en su nuevo período presidencial, busca combatir economías ilícitas mediante medidas como incentivos tributarios para empresas que donen equipamiento a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, indultos diferidos para agentes de estas instituciones, y un aumento de penas para miembros de grupos armados organizados. Además, autoriza allanamientos sin orden judicial en el contexto del conflicto armado interno, sujetos a control posterior, y establece tres compensaciones económicas anuales para pequeños y medianos productores, reguladas por decretos ejecutivos.
El proceso en la Corte Constitucional marca un nuevo capítulo en el debate sobre esta normativa, que ha generado críticas por su impacto en derechos fundamentales y su enfoque en la seguridad. Mientras se espera un fallo definitivo, la ley continúa aplicándose, fortaleciendo las acciones del Ejecutivo contra el crimen organizado. Este trámite refleja la tensión entre la urgencia de combatir economías ilícitas y la necesidad de garantizar el respeto a la Constitución, en un contexto de creciente inseguridad en el país.
