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Romero Solicita Destitución de Consejeros por Apoyo a González como Superintendente de Bancos
En un giro significativo dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Roberto Romero Von Buchwald ha presentado un escrito ante la Corte Constitucional (CC) solicitando la destitución de cuatro consejeros: Augusto Verduga, Yadira Saltos, Eduardo Franco Loor y Nicole Bonifaz. Este pedido se fundamenta en la acusación de que estos consejeros, tres de los cuales son integrantes de la Liga Azul, habrían incumplido un dictamen de la CC al apoyar la reinstauración de Raúl González Carrión como Superintendente de Bancos de Ecuador.
Romero argumenta que los consejeros se han arrogado funciones que no les corresponden y que han desobedecido una decisión judicial al respaldar la designación de González, quien había sido previamente removido del cargo. A pesar de esto, Romero se mantiene como superintendente hasta el 12 de agosto de 2027, según lo decidido por el CPCCS, una decisión que ahora se encuentra bajo escrutinio.
El fallo de la Corte Constitucional en cuestión proviene de una acción extraordinaria de protección presentada por González, que establece su derecho a ocupar el cargo de superintendente. Sin embargo, el dictamen también aclara que no afecta procesos de selección ya consolidados, generando una situación ambigua que aún requiere de una aclaración y ampliación judicial para ser considerada definitiva.
Por su parte, los consejeros implicados defienden su decisión, sosteniendo que el fallo de la CC respalda la designación previa de González, interpretando que su actuación estuvo en línea con lo establecido por la Corte. Este desacuerdo ha llevado a Romero a denunciar a los consejeros por presunta usurpación de funciones e incumplimiento de decisiones legales, ampliando el conflicto legal y administrativo dentro del organismo.
En medio de estas disputas, la Fiscalía ha procedido a realizar allanamientos en las oficinas del CPCCS, sumando un nuevo capítulo a la investigación sobre las posibles irregularidades cometidas por los consejeros en el ejercicio de sus funciones.
Esta situación no solo pone en evidencia las tensiones internas del CPCCS sino también las complejidades del sistema de designación de autoridades en Ecuador, donde las decisiones judiciales y administrativas se entrelazan en un complejo juego de poder e interpretación de la ley.
