La actual situación en nuestro país es desafiante y preocupante, con una crisis sin precedentes que ha expuesto las profundas fallas en la política y la justicia. Los recientes casos como Encuentro, Metástasis y Purga han sacado a la luz una alarmante falta de credibilidad en las autoridades, revelando una corrupción arraigada en las más altas esferas del poder y socavando la confianza de la ciudadanía en el sistema.
La colusión entre policías, políticos y operadores de justicia con el narcotráfico ha confirmado lo que muchos sospechaban pero pocos habían denunciado abiertamente. Esta realidad descarnada ha dejado al descubierto un submundo de corrupción y complicidades que socava los cimientos de nuestra sociedad y pone en entredicho la sostenibilidad política de nuestro país.
El futuro se presenta incierto en medio de la incertidumbre y la desconfianza generalizada. Mientras algunos están tras las rejas, otros permanecen prófugos de la justicia, y los posibles culpables siguen en la sombra, recordándonos que la impunidad es un mal que debemos combatir de manera urgente y contundente.
En este escenario tan adverso, los ecuatorianos exigimos con fuerza no solo justicia, sino también seguridad social, política y ciudadana. La integridad de nuestras instituciones está en entredicho, y es imperativo que se tomen medidas concretas para restaurar la confianza perdida y garantizar un futuro más justo y seguro para todos los ciudadanos.
Es hora de que las autoridades asuman su responsabilidad y trabajen en la reconstrucción de un sistema político y judicial transparente, íntegro y al servicio del bienestar de la sociedad. Solo a través de la rendición de cuentas, la transparencia y el fortalecimiento de nuestras instituciones podremos superar esta crisis y sentar las bases para un país más justo, seguro y democrático
